La Junta despliega un ejército de vigilantes para trasmitir seguridad a los veraneantes

El consejero Bendodo defiende el proceso de selección por orden de llegada de la solicitud y dice que ha sido «abierto, público y transparente»

Con polo blanco y bermudas azules con el logo de la Junta de Andalucía y del servicio de emergencias 112, el ejército de «playas seguras», como lo ha denominado el Gobierno andaluz, comenzó ayer a tomar posiciones frente a los accesos a las playas urbanas del litoral almeriense. Un total de 330 personas en una primera hornada ha comenzado a trabajar, de forma algo improvisada, en la vigilar los aforos, las distancias de seguridad y en la información sobre las limitaciones legales de uso de la playa -por ejemplo, no está permitido jugar a las palas en los arenales-.

«A mi me llamaron ayer a las cuatro de la tarde y me dijeron que tenía que estar hoy a las nueve y cuarto de la mañana aquí, en el Auditorio Maestro Padilla», relata Manuel Molina, uno de los 660 seleccionados por la Junta de Andalucía para ejercer este verano de informador costero. Recién vestido de uniforme playero –se lo entregaron en ese primer encuentro, por la mañana– trabajó hasta las cinco y media de la tarde. «Hoy, por ser el primer día, tenemos un horario distinto. Pero normalmente vamos a hacer turnos de mañana y de tarde», trasladaba.

El miércoles ingresarán otros 330 agentes más, la segunda hornada. La Junta ha dispuesto que viernes, sábados y domingos trabaje la plantilla al completo y que los libramientos se hagan, lunes y martes la mitad de la plantilla y miércoles y jueves la otra mitad. «Se les ha reunido en cinco puntos: Vera, Mojácar, Almería, Roquetas de Mar y El Ejido. Y allí se les ha entregado el material: dos polos, dos bermudas, gorra, crema solar, gafas de sol y una mochila. Se les ha dado el horario y se les ha enviado a trabajar», trasladaban  fuentes cercanas a la organización. «Han hecho un cursillo on line, pero aún tienen que conocer los planes de contingencia», relataba por su parte un concejal almeriense que reclamaba el anonimato. «Al final tendremos que coordinarles nosotros con nuestros efectivos del plan de playas», agregaba.

El cursillo, elaborado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, consiste en un documento en el que se explica la estructura de la Junta de Andalucía en general y de la Consejería de Presidencia en particular, se exponen algunas medidas de prevención de riesgos laborales y se recogían medidas genéricas de legislación en materia de protección contra el coronavirus en las playas. «Es un curso autoevaluable. De hecho, te animan a hacerlo tantas veces quieras, supongo que para que se te quede la materia», comenta otro de los seleccionados que prefiere no dar su nombre.

Pese a que dependen estrictamente de la dirección de Protección Civil, algunos ayuntamientos han adaptado su función. En Garrucha, por ejemplo, se han instalado garitas y se han cerrado parte de los accesos para tener un control exhaustivo del aforo. En la capital no se ha hecho nada de eso. «Nos han dicho que estemos muy atentos a todo, que lo hagamos lo mejor posible y que están para lo que necesitemos», relata Adelaida Ibáñez. «Y que se nos vea para que la gente note que hay seguridad en las playas», agrega su compañero, Molina, mientras emprende la marcha hacia El Zapillo. La playa -pese a ser lunes- mostraba una imagen más propia de agosto que de mediados de junio.

El Plan de Playas Seguras costará al Gobierno andaluz 34,5 millones de euros, de los que 24 millones irán destinados a los 3.000 informadores desplegados por toda la costa andaluza. El plan se ha presentado oficialmente por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín; y por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, de quien depende orgánicamente la estructura levantada en pocas semanas, en una playa de Marbella (Málaga). Bendodo ha defendido que el polémico proceso de selección de personal, contra el que se levantaron duras críticas por parte de algunos sindicatos –en Almería la selección se hizo por orden de llegada de los correos electrónicos de solicitud– ha sido, a su juicio, «abierto, público y transparente»